MIGRACIÓN VENEZOLANA ¿Qué tenemos en el Perú?

MIGRACIÓN VENEZOLANA   ¿Qué tenemos en el Perú?

 ¿Qué hacer frente al proceso migratorio con visos de crisis humanitaria que, además de refugiados y desplazados, explota la derecha en contra de Venezuela?

¿Nos sumamos a la campaña mediática internacional o somos capaces de decir algo que responda a nuestras convicciones internacionalistas y de defensa de los DDHH, allí donde se violen?

Con el ánimo de responder a esas preguntas, acuciantes para el P, proponemos la reflexión siguiente y algunos lineamientos de Política Exterior en materia de migraciones mirando el mediano y largo plazo, comprendiendo de que el tema trasciende los límites nacionales y su envergadura lo convierte en un tema regional, latinoamericano.

EN EL MUNDO, contextualizando.

La migración humana no es un fenómeno reciente, es parte de la historia de la humanidad.  Solo que, con la globalización neoliberal, las migraciones han adquirido connotaciones dramáticas y multidimensionales que dependen de los hechos políticos, bélicos y sociales que le han dado origen.  La OIM-ONU[1] estima que en 2015 se ha producido 244 millones de migrantes internacionales, cuando en 1990 alcanzó la cifra de 153 millones y en 1970, 84 millones. Es decir, 3.3%, 2.9% y 2.3% de la población mundial, respectivamente. La tendencia revela un crecimiento exponencial de las migraciones a nivel mundial. La gran mayoría de personas que migran lo hacen por trabajo, estudios, conflictos internos e internacionales, persecuciones y desastres.

Según la misma fuente, los refugiados y desplazados representan el 6% del total de migrantes, un porcentaje relativamente bajo, aunque expuestas a situaciones de alta vulnerabilidad.

En el año 2015, de los 244 millones, el 62% tuvieron como destino Europa y Asia, el 22% a América del Norte, 9% al África, 4% a América Latina y el Caribe, y Oceanía con el 3%.  Según países, EEUU es el país de destino más importante hasta el 2015 que registro 46.6 millones de migrantes.  Los principales países de procedencia son India, México, China, Afganistán, Pakistán, entre otros. Es notable que, en las estadísticas para 2015, Venezuela no aparecía como país de procedencia de migrantes internacionales.

Sin duda, la repercusión económica de este vasto proceso migratorio es para tenerlo en cuenta.  Según el BM, en 2016 los migrantes enviaron US $ 601,000[2] millones a sus respectivos países de origen, siendo EEUU, Arabia Saudita y Rusia los principales países donde se originan estas remesas.  Mientras que India, China y Filipinas son los principales receptores de dichas remesas.

De otro lado, es importante hacer notar que, en las últimas décadas, la migración Sur-Sur viene adquiriendo cada vez más importancia que la migración Sur-Norte.  En 2013, por ejemplo, 38% del total de migrantes se desplazaron de sur a sur, mientras que el 34% de sur a norte.

En relación a los refugiados[3], en 2014 se contabilizaron 16.6 millones, representando el 6% de los migrantes internacionales. De ese total, el 86% de refugiados fueron acogidos en países en vías de desarrollo, mientras que solo el 10% en países desarrollados[4].

En 2016, los refugiados alcanzaron la cifra de 21.3 millones de personas, hecho que ha merecido la mirada de todos los países involucrados con este segmento de los procesos migratorios.   En esta categoría habrá de sumarse la migración que viene ocurriendo en Venezuela.

EN AMERICA LATINA

Si bien lo que se registra a nivel internacional convoca la atención de gobiernos y organismos multilaterales, parece llegado el momento de tener en cuenta los procesos migratorios que han comenzado a visibilizarse en Latinoamérica, especialmente los que tienen lugar en México, en la parte norte de Centro América, Venezuela y América del Sur.

América Latina y el Caribe tiene una población aproximada de 655 millones[5] de habitantes en 2018. La migración entre países se daba básicamente por razones económicas que, entre otros, contribuyeron a un acelerado crecimiento de sus centros urbanos y su periferia, a tal punto que el 80% de aquella población vive en ciudades.  Se estima que, en 2050, será el 90% de la población que viva en ciudades.

Según los estudios al respecto, Latinoamérica tiene una reconocida tradición en darle protección a los refugiados, de allí la Declaración de Cartagena sobre Refugiados firmada en 1984. No obstante, dada las circunstancias de crisis que viven los países, así como las opciones políticas y de alineamiento de los diferentes gobiernos, la tradicional actitud receptiva se está endureciendo en tanto van creciendo los problemas fronterizos, los problemas laborales internos derivados de una presencia cada vez mayor de migrantes, refugiados políticos, etc.

Esa nueva actitud tiene que ver con hechos como el de Colombia, donde se ha acumulado a lo largo de su guerra interna, más de 360 mil refugiados y, a la vez, cobija a casi 7 millones de desplazados locales. Según la ONU, esta situación se torna explosiva con un gobierno alineado a los EEUU y poco creyente de una paz duradera. Asimismo, los hechos de violencia criminal en el Salvador, Guatemala y Honduras, México, han generado procesos de desplazamiento y migración sin precedentes.

Con características propias, la crisis en Venezuela ha generado una verdadera ola migratoria que busca oportunidades de vida fuera de ese país. Según fuentes diversas, se estima que para 2018 habrán abandonado Venezuela más de 1.8 millones de personas, de los cuales una gran parte van con destino a Chile, Colombia, Perú y Brasil, en ese orden de importancia.

Los países de américa del norte y del sur adoptan actitudes diferentes frente a estos procesos.  Mientras EEUU expulsa mexicanos y centroamericanos por “seguridad nacional”, tampoco permite el ingreso de refugiados ni migrantes sin un riguroso control y verificación de la condición del migrante; los latinoamericanos, especialmente el Perú, han resuelto “dejar entrar” a ciudadanos venezolanos tan solo por incomodar al régimen venezolano en el marco del “Grupo de Lima”.  Hoy enfrentamos los problemas derivados de una falta de política migratoria.

Claro, ese “privilegio” de la improvisación y la miopía política en materia internacional no es exclusividad del Perú, sino de toda la región, con diferencias de grado.  Como no era parte de la “agenda internacional” poco o nada se hizo para prever en lugar de reaccionar a hechos consumados, reduciendo el complejo tema migratorio a medias temporales de protección y “ayuda humanitaria”.

El escalamiento de los problemas internos que, en cada país receptor, viene originando el proceso migratorio, requiere de un política y estrategia regional, lejos de medidas y acciones dispersas que solo agudizan y complejizan más el problema que se quiere resolver. Se requieren respuestas integrales y, de alguna manera, concluyentes.

EN EL PERU

Todo el mundo conoce que Venezuela encara, desde 2013, una crisis económica y financiera sin precedentes.  La recesión económica, con inflación galopante, no es sino el epílogo de esa crisis incubada internamente, pero atizada y propagada por factores externos básicamente asociados a la actitud de EEUU contra Venezuela en nombre de su “seguridad nacional”.  Esta actitud ha sido secundada por el nefasto “Grupo de Lima”.  La recesión y el desabastecimiento, real o artificial, gatilló el proceso migratorio.

Desde julio 2016, con aquel indescriptible Canciller Ricardo Luna, en el Perú se instaló una Política Exterior caracterizada por el servilismo y alineamiento a los intereses de EEUU. En esa lógica se comprende fácilmente que Pedro Pablo Kuzcynski, entonces presidente del Perú con ciudadanía norteamericana, se convirtió en el “líder” de los enemigos jurados del régimen venezolano articulados en el “Grupo de Lima”, cuya orientación política y gestos “diplomáticos” eran previamente revisados por la Embajada USA en el Perú.

Ricardo Luna, bajo el mando de Pedro P. Kuzcynski, abrió las fronteras para los venezolanos sin tener en cuenta elementales normas de migración ordenada acordadas en Tratados internacionales y, más grave aún, sin tener claro cuál era la política del país frente a hechos políticos criticables en Venezuela, originados en el oficialismo y la oposición abiertamente golpista, en el marco del Derecho Internacional.

Según la Cancillería, ahora dirigida por Néstor Popolizio, de quien se esperaba algo más que acción inercial, al Perú han ingresado más de 420 mil venezolanos en lo que va de estos dos años recientes.  Se estima, en otras fuentes, que en realidad han ingresado más de medio millón de venezolanos, una parte importante de ellos sin ninguna documentación ni registro.  Este masivo ingreso ya está generando problemas sociales, especialmente en el mercado laboral de la juventud peruana. Ninguna economía está preparada para soportar una migración masiva de personas básicamente en edad de trabajar cuando su propio mercado no logra atender la demanda de puestos trabajo de sus connacionales.

Asumamos que 200 mil venezolanos lograron colocarse en algún puesto de trabajo en el Perú con la modalidad del Permiso Temporal Permanente.  De hecho, el lugar y condiciones donde esté trabajando seguramente no reconoce beneficios y, más bien, están sometidos a condiciones de trabajo precarios y cercanos a la explotación.  No hay más, eso lo sabe el Perú.  Por tanto, el sueldo promedio que gana un venezolano o una venezolana, por 12 horas de trabajo, será alrededor de 300 dólares, cercano al salario mínimo vital.  De ellos, 100 dólares, por lo menos, son remitidos a su país en forma de remesas y/o transferencia de divisas. En total, los 300 mil venezolanos estarían remitiendo a su país la cantidad 20 millones de dólares mensuales.  Nada desdeñable si se considera las necesidades insatisfechas en el Perú.

Si en el campo económico hay ese tipo de efectos, en el campo social y el de la seguridad aparecen fenómenos de violencia que escalan a niveles aún desconocidos en el Perú.  La falta de vivienda, alimentación y los problemas de salud de miles de venezolanos son recurrentes y, por lo que se ve, con pocas posibilidades de ser resueltas en el corto plazo.  La violencia callejera que entre venezolanos se registran con recurrencia, en Lima y en provincias, así como la creciente conflictividad que se da entre peruanos y venezolanos disputando el puesto de trabajo o la “atención” del Estado, es cosa de todos los días.

En ese desorden y caos generado por esa errática política migratoria del Perú, el empresariado inescrupuloso que busca maximizar ganancias, encuentra en los venezolanos una suerte de “cholo barato” que el trabajador peruano no se lo permite fácilmente.  Aprovecharse de la situación de esa población laboral migrante es tan inmoral como la corrupción generada en los más altos niveles de la política y judicatura del Perú.

¿CUANTOS SON Y DONDE ESTAN?

Según la Superintendencia de Migraciones, en 2016 el Perú solo teníamos 6,615 venezolanos residentes. Antes de ese año, no pasaban de 2,400 en 2015 y de 1,800 en 2012[6].  Es decir, ciudadanos con derechos reconocidos en el mundo laboral, social y político. Lo que hoy, al igual que otros países de la región (Brasil, Chile o Argentina) por la emergencia, se consigue con un mecanismo de regularización excepcional que en el Perú se llama Permiso Temporal de Permanencia (PTP), buscando responder a un flujo nunca antes visto y que sigue aumentando.

Gracias a las políticas migratorias, si así se le puede llamar a las decisiones del Perú en relación a Venezuela, la llegada de venezolanos al Perú fue en oleadas.  En 2017 llegaron a ser más de 200 mil, mientras que en 2018 se han registrado más de 420 mil personas buscando trabajar y vivir en el Perú, convirtiéndose en el mayor receptor de venezolanos después de Colombia.

La mayor parte de estos ciudadanos se asientan en Lima y en ciudades de segundo y tercer nivel de importancia en tanto concentración poblacional, como Trujillo, Piura y Chiclayo, pero también Arequipa y Tacna, esta última por ser el paso terrestre obligado a Chile que es otro lugar de destino de la diáspora venezolana.

PROPUESTAS DE POLITICA

  • Ante un fenómeno político-social-humanitario como el que estamos enfrentando, se requiere medidas integrales y concluyentes, superando el carácter reactivo y temporal de medidas como el PTP o la deslegitimada “ayuda humanitaria” proclamada por EEUU mientras mantiene y acreciente el cerco económico y financiero contra Venezuela.
  • Lo anterior no es un tema nacional, solamente. Por su trascendencia y sus repercusiones económicas y geopolíticas es un tema de carácter regional, por lo que es urgente promover y ser parte de acuerdos regionales sobre las migraciones en Latinoamérica.
  • Comprender las dimensiones del fenómeno migratorio provocado por la situación venezolana, así como se parte convocante de decisiones y acuerdos regionales, supone un acto previo de corrección de visiones y políticas en materia de relaciones internacionales por parte de nuestra Cancillería y, en general, del gobierno de Vizcarra. Seguir alineados a los intereses de los EEUU de la forma vergonzosa como lo están ahora, no ayuda a un posicionamiento soberano y digno en el concierto latinoamericano.
  • Mientras ocurre lo dicho en los puntos anteriores, resulta de la más alta urgencia pedir apoyo internacional para atender la demanda creciente de salud, alimentación y vivienda de la ola de migrantes venezolanos que viene soportando el país. La capacidad instalada en el Perú para esos efectos está simplemente desbordada.
  • Consistente con lo anterior, el gobierno peruano debería demandar a EEUU que cese el brutal bloqueo económico y financiero a Venezuela que, a todas luces, es una de las causas de la crisis humanitaria que, paradójicamente, dicen que quieren paliar desde Washington.
  • Como tema aparentemente secundario pero que entraña una sustantiva explicación de la creciente percepción de xenofobia en los peruanos, está la inescrupulosa actitud de algún sector empresarial que ha decidido aprovechar de la peor manera la disponibilidad de mano de obra barata venezolana para maximizar codiciosamente sus tasas de ganancia.
  • Ante la absurda actitud del Colegio Médico del Perú, de desconocer los títulos y grados de peruanos que estudiaron en Venezuela, poner en marcha políticas y medidas de orden administrativo que faciliten la convalidación de títulos y grados obtenidos en el extranjero. Asimismo, poner en marcha un fondo de recursos públicos destinados a financiar iniciativas empresariales privadas de migrantes peruanos que retornan.

 

Lima, 31 de agosto de 2013

[1] http://publications.iom.int/system/files/wmr2015_sp.pdf

[2] Según el BM, este monto triplica al valor de la ayuda para el desarrollo.

[3] Entenderemos por “refugiado” lo que señala el artículo 1A de la Convención de 28 de julio de 1951 relativa al estatuto de los refugiados de las Naciones Unidas: es una persona que está fuera de su país debido a un temor fundamentado de persecución por razones de etnia, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas.

[4] Toda la información que estamos presentando en:  www.knomad.org y www.worldbank.org/migration.

[5] Fuente: http://poblacion.population.city/world/la

[6] Fuente: superintendencia Nacional de Migraciones – Perú.

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